La
legislación laboral en Puerto Rico ha sufrido cambios significativos desde la introducción de la Ley 4-2017, conocida como “Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral”. Esta ley, que se propuso como una solución para equilibrar las necesidades de empleadores y empleados, ha desencadenado un debate sobre su impacto real en el ámbito laboral y se han reanudado esfuerzos para revocarla sin éxito hasta el momento.
La Ley 4-2017 se distingue por marcar un cambio en la orientación de la política laboral de Puerto Rico, favoreciendo en mayor medida las necesidades de los patronos y la demanda y oferta del mercado laboral. Presentada con la promesa de agilizar procesos como la contratación y el despido, y con el objetivo de aumentar la eficiencia empresarial —y por consiguiente, incrementar la participación laboral (es decir, elevar el número de personas interesadas en trabajar)—, la ley parece haber dejado de lado importantes derechos y necesidades de los trabajadores. Además, cabe preguntarse si este cambio marcará un nuevo paradigma duradero en la legislación laboral, o si eventualmente habrá un retorno al tradicional proteccionismo que ha caracterizado la legislación laboral de la Isla durante décadas. Por otro lado, he observado en puestos de trabajo con remuneraciones iniciales o básicas un esfuerzo significativo por parte de los patronos para mejorar las condiciones laborales, con el objetivo de atraer a más trabajadores. Esto parece indicar que son los incrementos en los beneficios, y no su reducción, los que efectivamente fomentan una mayor participación laboral.
La ley facilita a los patronos procesos clave como la contratación y el despido, ofreciendo mayor flexibilidad y agilidad incluyendo la posibilidad de emplear a trabajadores como contratistas independientes, lo que permite a los empleadores eludir la concesión de beneficios laborales establecidos por ley.
La Ley 4-2017 modifica la estructura de beneficios laborales, afectando las licencias por enfermedad y vacaciones. Establece un sistema de acumulación de licencia basado en la cantidad de horas trabajadas y la duración del servicio del empleado. Por ejemplo, la acumulación de días de vacaciones ahora depende de los años de servicio, y se ha establecido un límite en la cantidad de días que se pueden acumular.
Se ha cambiado la forma en que se calculan las horas extras, incluyendo una reducción en el tiempo de descanso y estableciendo que las horas extras se pagarán a una tasa de tiempo y medio.
La ley reduce el monto de las reclamaciones por despido injustificado, limitándolo al equivalente de nueve meses de sueldo.
Extiende el periodo probatorio a nueve meses, e invierte la carga de la prueba en casos de despido, lo que puede afectar la moral y el compromiso del empleado.
La persistente baja tasa de participación laboral en Puerto Rico, que contrasta con las tasas globales, subraya la existencia de desafíos específicos en el mercado laboral de la isla. Esto resalta la necesidad de estrategias y políticas enfocadas en mejorar las condiciones laborales y fomentar la participación.
La Ley 4-2017 ha sido criticada por su enfoque unilateral en la flexibilización y eficiencia empresarial, a costa de los derechos y beneficios de los trabajadores. Estos cambios, aunque puedan parecer beneficiosos para la creación de empleos a corto plazo, plantean serias preocupaciones sobre la calidad del empleo, la seguridad laboral y la motivación de los trabajadores. La reducción de beneficios y la mayor facilidad para el despido pueden disuadir la participación activa en la fuerza laboral y afectar negativamente la economía de Puerto Rico a largo plazo.
La Junta de Supervisión Fiscal, establecida bajo la ley federal PROMESA, ha desempeñado un papel fundamental en la configuración del panorama fiscal y económico de Puerto Rico. Tiene amplios poderes para supervisar las finanzas del gobierno de Puerto Rico. Esto incluye la aprobación de planes fiscales y presupuestos, así como la revisión de actividades gubernamentales para asegurar el cumplimiento de los planes fiscales. Su participación activa se ha manifestado en influir en la aprobación o derogación de una amplia gama de leyes, incluyendo la Ley 4-2017. Esto se ha hecho evidente recientemente con su exitoso esfuerzo por revocar la Ley 41-2022, la cual intentaba revertir muchas de las disposiciones implementadas por la Ley 4-2017.
La influencia directa de la Junta en la legislación laboral, especialmente en la promulgación de la Ley 4-2017, plantea interrogantes críticos sobre cómo se equilibra la recuperación económica con la protección de los derechos laborales. Dada la continua discrepancia entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal, así como la dificultad para presentar un presupuesto equilibrado de manera independiente, la salida de la Junta parece ser un objetivo a largo plazo. Durante al menos cuatro años consecutivos, los gastos realizados por Puerto Rico en cada año fiscal no deberán sobrepasar los ingresos del gobierno durante ese mismo periodo, tal como lo certifique la Junta de Supervisión Fiscal bajo los estándares de contabilidad. Esta situación requiere la toma de decisiones complejas que van más allá de los asuntos laborales, involucrando importantes retos para los ciudadanos que, a fin de cuentas, son quienes eligen a sus gobernantes
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