La eliminación de la doctrina de Chevron por el Tribunal Supremo de EE.UU. ha destacado la tensión entre el poder gubernamental excesivo y la autonomía de ciudadanos y empresas. Los críticos sostienen que permitir a funcionarios no elegidos crear e interpretar leyes amenaza la libertad individual y la separación de poderes constitucional.
Este problema se intensifica con la promulgación de leyes federales que minan la independencia legislativa estatal. Cuando estas leyes se combinan con la deferencia administrativa a las agencias, el poder federal crece de manera desmedida. Los defensores de una intervención gubernamental limitada creen que eliminar la doctrina de Chevron puede restaurar el equilibrio entre las autoridades federal y estatal.
La dependencia de funcionarios no electos para interpretar leyes crea un déficit democrático, erosionando la confianza pública en el gobierno. La eliminación de Chevron ofrece la oportunidad de que los representantes electos recuperen un rol central en la creación e interpretación de leyes, fortaleciendo el proceso democrático.
La doctrina de Chevron también ha sido criticada por fomentar la incertidumbre regulatoria, aumentando los costos de cumplimiento y sofocando la innovación. Reducir la deferencia a las agencias administrativas puede hacer el panorama legal más predecible y estable, beneficiando a las empresas.
Además, la concentración de poder en las agencias federales ignora las necesidades diversas de los estados. Los estados están mejor posicionados para abordar los desafíos únicos de sus poblaciones, mejorando la gobernanza y la satisfacción pública.
Finalmente, al evaluar la eliminación de la doctrina de Chevron, debemos considerar si se respeta el principio federalista de un gobierno más cercano y receptivo a los ciudadanos, donde estos sienten una mayor conexión e influencia sobre las leyes que los rigen.
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