El Gobierno de Puerto Rico demanda a gigantes del petróleo por daños climáticos. El Gobierno ha presentado el 15 de julio de 2024 (SJ2024CV06512) una demanda contra corporaciones de la industria de energia, incluyendo Exxon Mobil, BP, Chevron, Shell y TotalEnergies. Esta acción busca responsabilizar a estas empresas por su presunta conducta negligente y engañosa sobre el cambio climático, la cual el gobierno considera ha tenido graves consecuencias para la isla.
La demanda alega que los demandados, a sabiendas de los efectos perjudiciales de los combustibles fósiles sobre el cambio climático, no advirtieron adecuadamente a los consumidores y, en su lugar, llevaron a cabo campañas de desinformación para desacreditar el consenso científico sobre el cambio climático. Estas acciones han contribuido a aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero, acelerando el calentamiento global y causando impactos devastadores en Puerto Rico, como el aumento del nivel del mar, tormentas más frecuentes y severas, y la destrucción de arrecifes de coral y otros ecosistemas.
Además, se acusa a las empresas de haber ocultado deliberadamente los peligros de sus productos mientras promovían agresivamente su uso, contribuyendo así a la dependencia continuada de los combustibles fósiles y retrasando la transición hacia fuentes de energía más limpias. Estas acciones han resultado en daños extensivos a la infraestructura pública, recursos naturales, y la salud y bienestar de los ciudadanos de Puerto Rico.
El gobierno busca que los demandados sean declarados responsables por los daños causados y se les ordene pagar una compensación económica significativa, estimada en no menos de mil millones de dólares, por los costos de mitigación y restauración. También se solicita que se les imponga daños punitivos y que se establezca un fondo para financiar la protección y recuperación de los recursos naturales y la infraestructura afectada.
Finalmente, la demanda pide que se prohíba permanentemente a los demandados continuar con sus prácticas ilícitas y que se les obligue a cubrir los costos legales y honorarios de abogados relacionados con el caso. La acción judicial busca garantizar que las empresas que han contribuido al cambio climático asuman la responsabilidad de sus acciones y compensen adecuadamente al pueblo de Puerto Rico por los daños sufridos.
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